La financiación autonómica ha evidenciado, una vez más, cómo los nacionalistas marcan la política de un Estado que sigue viviendo con el complejo de la dictadura. Ya lo decía Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución, se cedieron competencias para que los nacionalistas se sintieran cómodos en el nuevo Estado constitucional.
No fue suficiente, ellos siempre quieren más, tal como se ha evidenciado en las últimas negociaciones sobre la financiación autonómica, después de que Esquerra Republicana de Catalunya haya tenido la última (¿) palabra sobre el sí al dinero ofrecido por el presidente del Gobierno de España. No contentos, se jactan de haber conseguido para su Comunidad 3.855 millones de euros, que se convertirán en 2012 en 5.000 millones si se cumplen los planes de inversiones en infraestructuras, lo que en palabras de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, sitúa a Cataluña por encima de la media de la renta per cápita española. Y no se explica porqué la cifra para Cataluña supone el 35 por ciento de la aportación global de 11.000 millones prevista para toda España por el Gobierno, mientras que el PIB catalán solo supone el 18 por ciento del global español y su población es del 16 por ciento.
Los nacionalistas de ERC no solo se jactan de que el presidente del Gobierno de España tuviera que negociar directamente con ellos, puenteando a la propia Generalitat (la institución catalana), sino que “si se trabaja y se presiona, la política es útil, y hemos plantado cara al Estado y hemos ganado”. Las manifestaciones de Joan Puigcercós golpean sobre el sentido común de cualquier ciudadano de a pie que sabe que esta cesión llevará inevitablemente una subida de impuestos que tendrá que pagar en el futuro de su bolsillo para que el nacionalismo siga actuando en un Estado cada vez más claudicante, no sé si hasta donde aspira Puigcercós,"el sistema definitivo sigue siendo la independencia de Catalunya”. Pues nada, ayudémosle a conseguirla con cesiones como la educación excluyente o como el dinero para que sigan utilizándolo en embajadas y en fomento de un movimiento disgregador en el que no cuenta lo español.
Si los nacionalistas sostienen que han ganado lo que quiere decir es que el Estado -la entidad administrativa- ha perdido y con él España como nación. ¿Alguien puede imaginarse que un partido murciano, extremeño o riojano fuera capaz de humillar así al Estado? El nuevo sistema no es igualitario, premia a unos ciudadanos sobre otros y vuelve a incidir en unas desigualdades según la comunidad en la que se vive. Primero se negocia con Cataluña y después, con lo que quede, con los demás. El dinero no se puede estirar, hay el que hay, y si a ti te doy más al otro le tengo que dar menos. ¿Lo explicaría así el mediático economista Leopoldo Abadia, convertido hoy en hombre-anuncio?
Y aún así todavía el presidente del Gobierno autónomo de Cataluña, José Montilla asegura que el nuevo modelo “es la victoria de la justicia y hará grande a Cataluña, a sus gentes y a sus valores”. Me mosquea, porque no sé de qué valores habla, ya que no creo que el dinero, la “pela” como decían antes los catalanes, sea una razón intrínseca para ser más que nadie, al menos en dignidad. Y de eso sabemos mucho los andaluces.
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