Estos días se han cruzado en nuestras noticias dos cuestiones que afectan de manera directa a dos conflictos sin resolver para nuestra diplomacia y los dos se encuentran en la agenda de la ONU en los procesos de territorios a descolonizar.
La política de hechos consumados llevó a los británicos a apoderarse del itsmo donde está instalado el aeropuerto construido en la Segunda Guerra Mundial y a adueñarse imponiendo continuamente su ley de las aguas adyacentes al Peñón, no solo ampliando su dominio marítimo en la zona, sino también ganando terreno rellenando el mar con tierras llevadas desde España. Los incidentes sobre el contrabando proveniente de la Roca o el reciente sobre el ametrallamiento de una bandera española por parte de la Navy no dejan de ser recordatorios de un conflicto que se eterniza ante el rechazo de lo habitantes británicos de la colonia-base para que el territorio sea devuelto a España, tal como viene dictaminando la ONU. La voz cantante la llevan los Llanitos (giannitos) a los que no les interesa cambiar su privilegiado sistema en el que tienen lo mejor de España y del Reino Unido. Pero esta ha sido una población de relleno llevada como mano de obra a la colonia militar, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Los sucesivos gobiernos españoles democráticos han ido cediendo poco a poco sin conseguir contrapartidas para nuestros intereses, lo que evidencia un fracaso rotundo de nuestra política exterior en este terreno. El Reino Unido y España son los dos Estados que pleitean por el territorio, pero si son los residentes anglogibraltareños los que tienen que decidir el futuro del territorio colonizado, nunca volverá a ser español.
Algo parecido puede suceder en el Sahara Occidental ocupado militarmente por Marruecos. España tenía preparado desde 1974 un referéndum apoyado por la ONU, pero los vergonzosos acontecimientos de noviembre de 1975 cerrados con el abandono a su suerte de quienes hasta entonces habían sido españoles y la entrega a Marruecos y Mauritania de la entonces provincia española, supuso poner al territorio en un callejón sin salida que promete eternizarse, como ha ocurrido en Gibraltar.
Los saharauis huyeron al desierto y se establecieron en campos de refugiados, mientras que Marruecos ocupó el territorio y comenzó a colonizarlo con marroquíes. Después de 34 años, Marruecos ve cómo se sigue sin reconocer internacionalmente su soberanía sobre el territorio ocupado y por ello ofrece a los saharauis una autonomía bajo la bandera central marroquí. Mientras, los saharauis representados por el Frente Polisario reivindican su derecho de autodeterminación perdido por la traición española y se aferran al censo español para celebrarlo. Este es uno de los escollos para la resolución del problema.
Tras el giro de la política norteamericana en la cuestión del Sahara Occidental apoyando en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución 1871 que promueve el derecho de autodeterminación de los saharauis, parece que la Administración Obama se decantará por dejar atrás el anterior apoyo de Bush a las intenciones de Mohamed VI y se retomará el Plan Baker II, el “Plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”, esta vez con otro norteamericano, Christofer Ross, como enviado personal del secretario general de la ONU.
A Marruecos no le ha gustado nada el giro político estadounidense que deja en evidencia la adhesión forzada de las “provincias del sur”. De ahí la presión que ejerce sobre los disidentes independentistas saharauis, como ha evidenciado el caso de a activista proderechos humanos, Aminatu Haidar, cuyo pecado al volver a su casa de El Aiún, tras recibir un prestigioso premio en Estados Unidos, ha sido poner “Saharaui” en la casilla sobre la nacionalidad en el documento que le exigían las autoridades marroquíes.
Mohamed VI insiste en la política represora implantada por su padre Hassan II ante el rechazo que produce su presencia en el Sahara Occidental. Sin embargo, aquel Plan Baker II de 2003 le da alguna oportunidad, como el hecho de que proponga que puedan votar en el referéndum de autodeterminación los mayores de 18 años que estén en el censo establecido por la ONU en 1999, los que el ACNUR recogió en el año 2000 en los campos de refugiados y “los que hayan residido de forma continuada en el Sahara desde el 30 de diciembre de 1999”. Es decir, los miles de marroquíes que se han establecido en el territorio ocupado, al igual que sucede con los actuales habitantes de Gibraltar llevados a la colonia-base por el Reino Unido.
Se establecería así un nuevo elemento desconocido en los procesos descolonizadores, ya que se están cambiando los derechos de autodeterminación de los pueblos, por algo hasta ahora inaceptado como es que sean los “residentes” del territorio los que decidan esa autodeterminación. Afortunadamente, los anglogibraltareños no tienen reconocido el concepto de “pueblo”, que sí podrían reivindicar los descendientes de los gibraltareños españoles expulsados y que se establecieron en el Campo de Gibraltar; pero está claro que la ONU puede establecer un precedente si permite que en un futuro referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental voten los marroquíes que desde 1999 estén viviendo en el territorio.
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