Los diferentes gobiernos españoles se han rendido ante Rabat sin saber qué hacer con un problema que les quema las manos. Francia, protectora del Sultán y de sus inmensos intereses económicos en el Reino de Marruecos, siempre ha marcado la agenda de este asunto, y España no ha hecho más que seguir las directrices de París.
El tema está enquistado desde que Marruecos se saltó la legalidad internacional, de los dictámenes de la ONU y del Tribunal Internacional de La Haya y ocupó el territorio en distintas fases (se hizo con el que se le concedió a Mauritania), pero sin obtener los derechos de soberanía. España solo cedió "parte" de la Administración y sigue siendo responsable del Sahara hasta que se cumpla el referéndum propuesto en 1974 y que no supo defender ante la situación interna española (agonía de Franco) y la arrogancia de Marruecos, impulsada por los Estados Unidos y Francia.
Ahora seguimos pagando aquella consecuencia, especialmente crítica en un sector como las pesquerías andaluzas y canarias, siempre dependientes de los aires que corran en Rabat. Y ya sabemos que el Sultán no va a dejar pescar a ningún barco español, mientras que el Gobierno español no lo deje con las manos libres para masacrar a los saharauis, que un día tuvieron pasaporte español y hoy ven expoliadas sus riquezas por los invasores marroquíes.
La legalidad internacional no le reconoce a Marruecos ninguna soberanía sobre el Sahara y eso indigna al manipulador régimen marroquí, que descarga su malauva con los pescadores españoles, una vez más. O me dan el Sahara, o no les dejo pescar, parece la consigna de Rabat. La UE debería dedicar el dinero que le daba a Marruecos a paliar las necesidades del sector pesquero español afectado por este asunto.
Sahara Acciones:Antecedentes del Acuerdo de Pesca
En 2007 se firmó el primer Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos por una duración de cuatro años. Se concedieron 119 licencias de pesca, de las que 101 corresponden a barcos españoles. A cambio, la UE aportó 144 millones de euros a Marruecos. El acuerdo se volvió a renovar el pasado 27 de febrero, pero sólo por un año a causa de las reticencias mostradas tanto por la Comisaria de Pesca como por ciertos Estados Miembros y por las Comisiones de Presupuestos y Desarrollo del Parlamento Europeo, que tenían serias dudas respecto a su legalidad y a sus ventajas económicas y financieras. España, por el contrario, siempre estuvo entre los países que más apoyaron la renovación del acuerdo, todo ello a pesar de su responsabilidad histórica en el conflicto del Sáhara Occidental y del apoyo que gran parte de la población española profesa hacia el Pueblo Saharaui.
El territorio del Sahara Occidental -como señalara la Asesoría Jurídica de las Naciones Unidas en 2002- está considerado como un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, por lo que la explotación de sus recursos naturales es contraria al Derecho internacional si no se cumplen dos requisitos básicos: que los beneficios de cualquier explotación repercutan directamente en la población saharaui, y que cualquier acuerdo referente a los mismos cuente con el visto bueno de quien, en palabras de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es su único y legítimo representante: el Frente Polisario. Sin embargo, los acuerdos de pesca firmados hasta el momento, ni han contado con la aprobación del Frente Polisario, que se ha manifestado en contra de los mismos, ni ha beneficiado a la población saharaui. Y así lo afirmaba el informe emitido en 2009 por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, según el cual no existían pruebas de que beneficiara a los saharauis “ni de que se esté realizando de acuerdo a sus deseos”. Unas conclusiones reafirmadas a su vez en un informe posterior (2010) encargado por la UE a la consultora francesa Ocean Développment Megapesca LTD. Por esta razón para que el acuerdo fuera legal debería quedar expresamente fuera de su ámbito de aplicación el territorio no autónomo del Sahara Occidental, algo que hasta el momento no ha ocurrido
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